La deriva autoritaria lleva a Perú a la desintegración
La deriva autoritaria lleva a Perú a la desintegración

La deriva autoritaria lleva a Perú a la desintegración

Foto Agencia Andina
Foto: Agencia Andina.

Parafraseando a Niccolò Machiavelli, no es tan culpable quien hace un golpe de estado como quien lo incita y provoca para que otro lo haga. Del primer lado estuvo Pedro Castillo Terrones, presidente depuesto de Perú. Del otro están la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna (ex agente de la CIA), y toda la derecha peruana. Desde el 7 de diciembre pasado el contragolpe reaccionario contra el intento del ex mandatario de disolver el Congreso se hace cada vez más autoritario, para contener la protesta popular. Como las medidas represivas no bastan, sectores extremistas reclaman más represión.

Este miércoles la presidenta Dina Boluarte nombró su segundo gabinete en menos de dos semanas, designando al hasta ahora ministro de Defensa, Alberto Otárola, como primer ministro. El anuncio del nuevo equipo de gobierno se da un día después de que el Congreso aprobara el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones de 2026 a abril de 2024, con la vana intención de calmar las protestas que reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, el Legislativo aprobó la reforma constitucional requerida para anticipar los comicios. Tratándose de un cambio de la ley fundamental, se debe realizar una segunda votación en la próxima legislatura ordinaria que comienza en enero. Votaron en contra congresistas de Perú Libre y de otras bancadas de izquierda, así como legisladores de Renovación Popular.

El nuevo primer ministro es un abogado con experiencia en gobiernos anteriores. Desde el 7 de diciembre tenía a su cargo la cartera de Defensa desde la cual impulsó la declaración del estado de emergencia en todo el país y del toque de queda en 15 de los 24 departamentos, dando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional carta blanca para reprimir las protestas contra el derrocamiento de Castillo.

Otárola fue remplazado en Defensa por el militar en retiro Jorge Chávez. En Interior, en tanto, asumió el retirado general de la Policía Nacional Víctor Rojas. También fueron sustituidos los ministros de Educación y Cultura tras la renuncia de los titulares la semana pasada en rechazo a la represión de las movilizaciones que ya dejó al menos 26 muertos. El resto de las carteras mantiene los mismos ministros. Previamente, este lunes Boluarte nombró a Juan Carlos Liendo O’Connor como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Se trata de un coronel retirado que ya sirvió en los servicios de inteligencia durante la dictadura de Alberto Fujimori (1991-2000).

El conjunto de los cambios subraya el sesgo autoritario del gobierno de la abogada oriunda de Apurímac (en el sureste del país) que en 2021 acompañó a Pedro Castillo como Vicepresidenta representando al partido marxista-leninista Perú Libre, de donde fue expulsada en septiembre pasado.

La rápida deriva hacia la dictadura institucional es contestada enérgicamente por sectores populares movilizados. Mientras una comisión técnica de la CIDH recorre Cusco, se suceden las protestas y bloqueos de carreteras en ese departamento, en Junín, Arequipa, Ayacucho, Puno y Apurímac. En todas partes quienes protestan acusan a infiltrados fujimoristas y a la policía por los hechos de violencia. No obstante, la reacción contra el contragolpe parlamentario tiene apoyo popular sólo en los departamentos andinos del centro-sur y sur donde la izquierda tiene fuertes bases. De hecho, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue gobernador de Junín. Este partido acogió en 2021 la candidatura de Pedro Castillo, pero se distanció de él, cuando el profesor oriundo de Cajamarca comenzó a pactar con la izquierda limeña y con la derecha parlamentaria para salvar su gobierno. No obstante, desde el primer momento resistió el golpe parlamentario.

Foto AFP
Foto: AFP.

La crisis política generalizada abrió la puerta a actores externos al sistema político como el ex militar Antauro Humala (hermano del ex presidente Ollanta Humala), quien estuvo en prisión entre 2006 y agosto pasado, condenado por el asalto a una comisaría para promover su movimiento etnocacerista. La noche del último sábado suscitó en la plaza San Martín de Lima una airada reacción de sus seguidores, cuando reconoció a Dina Boluarte como presidenta de la República. En una entrevista dada al día siguiente Humala justifiicó su declaración diciendo que “oficialmente Dina es presidenta. Legalmente es presidenta. Pero legítimamente para nosotros no lo es. Y termina de perder la legitimidad con los muertos.”

Y continuó: “reconozco y lamento que moralmente Pedro Castillo es indefendible. Pero políticamente es enteramente defendible. Por primera vez, desde Velasco [el general Juan Velasco Alvarado, líder de la “Revolución Peruana” entre 1968 y 1975] llega una opción democrática y popular. Pero no puede estar tachado de corrupción. Y a nosotros se nos hace complicado defenderlo moralmente. El etnocacerismo, de ser una máquina semicastrense, diseñada para hacer rebeliones, capturar minas y comisarías, está en plena metamorfosis para ser un partido político. Entonces, de tener batallones vamos a tener comités regionales. Estamos cambiando de chip. Van a ir conmigo congresistas, alcaldes y presidentes regionales electos que arrancan en enero. Autoridades del sur y del centro. No te puedo dar los nombres aún, pero estoy convocando a una gran marcha de medio millón para marzo del 2023.”

En consonancia con las declaraciones del líder etnocacerista, el alzamiento de las fuerzas militares con base en la cornisa de selva oriental introdujo en la escena política peruana un elemento novedoso e inquietante. “Los oficiales subalternos, técnicos, suboficiales y tropa en general acantonados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y fronteras no acataran cualquier acto contrario a la vida humana, nos declaramos en rebeldía frente a la usurpadora Dina Arcelia Baluarte Zegarra. Asimismo, estamos contra este sistema explotador, corrupto avalado por la constitución Politica del Perú de 1993”, reza la declaración que los alzados dieron a publicidad el pasado 15 de diciembre.

“El glorioso ejército peruano, sigue, no acataremos [sic] el estado de emergencia [que] consideramos vulneración de los derechos fundamentales de la nación peruana y queda declarado la guerra a los generales y coroneles quienes se arrodillan frente a los políticos, fiscales y Narcotraficantes bajo sus apetitos e intereses personales. Hacemos un llamado a nuestros hermanos Policía Nacional del Perú, añaden, a deponer las armas, caso contrario por la vida de nuestra familia campesina se procederá al desarme militarmente con tácticas de guerra.” No obstante el tono beligerante, desde entonces no se han producido más acciones ni han sido reprimidos. Las fuerzas armadas parecen estar férreamente controladas desde el alto mando y no se registran otras fisuras.

El pronunciamiento coincidió con la marcha hacia Lima de productores cocaleros, mineros independientes y reservistas del Ejército de la misma región. Los manifestantes piden la liberación de Pedro Castillo y este lunes a la mañana habían instalado carpas dentro de la Plaza Manco Cápac, en el municipio limeño de La Victoria. Serían alrededor de 100 miembros del Comité de Defensa del Vraem, pero nuevas caravanas están en marcha hacia Lima.

Mientras el depuesto presidente fue sentenciado “preventivamente” a dieciocho meses de prisión durante la sustanciación del proceso por sedición y corrupción en su contra, su esposa y sus hijos obtuvieron un salvoconducto que les permitió trasladarse a México este miércoles 21. Rehén de la derecha golpista, el ex presidente ha sido castigado más por su origen que por algunas tramas corruptas de su familia. El minúsculo y corrompido Estado al que llegó Castillo desde las organizaciones campesinas es conducido por un modelo económico minero agroexportador totalmente transnacionalizado y concentrado. Hoy Perú es el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre (comprado principalmente por China) y otros metales. De hecho, el 50 por ciento de sus exportaciones se compone de minerales sin agregado alguno de valor en origen y en manos de un puñado de empresas canadienses, norteamericanas, europeas y chinas.

El fruto de esos recursos no derrama sobre la población urbana y rural pauperizada. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó que este 2022 alrededor de 11.4 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza. La renta por la exportación de estos productos primarios es apropiada por una casta limeña que conjuga viejos oligarcas con hedor a colonia española con arribistas y terroristas de la dictadura fujimorista. Sólo los une la rapiña, el racismo y el odio al Perú indio, cholo y negro.

Para imponer el contragolpe, la derecha peruana arrastra al gobierno de Dina Boluarte hacia la dictadura. Falta de programa y de figuras políticas atrayentes, acude a la violencia como única razón de poder. Agudiza la división y los enfrentamientos regionales, étnicos y sociales.

A su vez, Antauro Humala y Vladimir Cerrón, con la bandera étnica uno, con la roja el otro, replican el odio cultural o de clase contra la oligarquía, pero haciéndolo, validan la violencia de ésta. Lo único que sigue justificando el dominio de la derecha peruana es el “terruqueo”, la difamación del oponente como “terrorista”. Ni la oligarquía ni los movimientos populares tienen proyecto nacional y liderazgos que despierten la esperanza.

Al pueblo peruano le faltan banderas y líderes que lo unifiquen y le muestren un futuro deseable. Hasta que surjan ambos seguirá rebelándose heroicamente o acomodándose como pueda, según las circunstancias y disposiciones, pero no tendrá alternativas. Entre tanto, el país seguirá fracturándose y carcomiéndose en la violencia sin fin.

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  • Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202212/615052-deriva-autoritaria-peru-analisis.html

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